PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUERDO POLÍTICO NACIONAL
Abril de 2010
INTRODUCCIÓN
Aunque de muy distinta manera y en un contexto completamente novedoso, la sociedad mexicana se encuentra ante a un momento crucial de su historia, tal como ocurrió hace 100 y 200 años.
El dilema es el mismo: la modernización, comprendida en términos generales como el desarrollo económico, político y cultural del país, con oportunidades para todos y sin pobreza, con justicia y democracia. En este sentido, la modernización es una concepción compartida por todos. Sin embargo, cuando de los fines últimos desplazamos nuestra atención a los medios requeridos para alcanzarlos, el grado de acuerdo ya no es el mismo. México se nos presenta como una nación profundamente dividida. No sólo en el sentido claro de las enormes disparidades socioeconómicas o de la enorme diversidad cultural que la caracterizan. La escisión se refiere también, de un modo dramático, a la falta de un proyecto de futuro compartido por una amplia mayoría de mexicanos.
Frente a esta escisión, el sistema político es presa de una sorda disputa por el poder. No atina a resolver de manera satisfactoria las inquietudes y retos que plantea nuestra realidad ni, mucho menos, a construir un gran acuerdo en torno al futuro deseado. Crece así en amplios sectores de la sociedad la convicción de que son los ciudadanos quienes deben asumir la tarea de construir el futuro mediante una participación activa en los problemas nacionales. Crece la conciencia de que si la ciudadanía no participa de manera informada, consciente y crítica en los asuntos públicos del país, la salida quedará bloqueada o, en el mejor de los casos, se retardará mucho más.
A partir de la convicción de que la participación informada y responsable de la ciudadanía es el motor más poderoso para impulsar las grandes transformaciones que el país demanda, México a debate surge como un ejercicio abocado a captar las inquietudes y las propuestas de la sociedad mediante la organización de foros en distintos lugares de la república y a través de un sistema de consulta por internet.
México a debate es, en suma, un ejercicio que aspira a ser un vehículo eficaz para construir el futuro desde y para la ciudadanía.
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS EN 10, 15, 20 AÑOS?
Problemática
México es una nación que, simultáneamente, posee enormes potenciales y enfrenta serios desafíos. Los años por venir serán sin duda decisivos. Si los mexicanos somos capaces de aprovechar a plenitud nuestras capacidades y de ponernos en sintonía con la marcha del mundo, en el transcurso de dos o tres décadas estaremos en condiciones de acceder a niveles superiores de desarrollo económico y humano. Si, por el contrario, no somos capaces de dar respuestas adecuadas a los distintos retos políticos, económicos, sociales y culturales que como nación debemos encarar, no sólo habremos perdido otra valiosa oportunidad de desarrollo, sino que, dada la celeridad de los procesos de cambio tecnológico, económico y social característica del mundo contemporáneo, estaremos ante el riesgo claro de pasar a engrosar la ya larga lista de estados fallidos, incapaces de ofrecer a sus respectivas sociedades las condiciones mínimas de desarrollo humano.
País de contrastes, México cuenta con numerosos e importantes activos que incluyen desde una privilegiada dotación de recursos naturales hasta una de las economías más grandes del mundo y con una estructura productiva diversificada; cuenta también con una población numerosa, que sabe trabajar, así como con una relación entre personas en edad laboral y población económicamente inactiva bastante favorable. Por si fuera poco, el país también registra avances importantes en los terrenos político y cultural. No obstante, la posibilidad de aprovechar dichos activos transita por la remoción de diversos obstáculos que, a su vez, definen los aspectos cruciales de nuestra agenda del desarrollo.
Visión de futuro
Frente a este panorama, preocupa la ausencia de un verdadero proyecto de nación. La polarización que aqueja al país no sólo se refiere a las enormes disparidades de nuestra estructura social o a la diversidad cultural. También se expresa a través de la falta de un marco de referencia y de una imagen de futuro susceptible de ser compartida por una mayoría clara de mexicanos.
Ante la polarización de la política y su incapacidad para trascender los intereses coyunturales, la ciudadanía debe asumir el liderazgo y proponer una visión de futuro que dé sentido al quehacer colectivo. A grandes rasgos, la imagen de futuro que proponemos tendría las siguientes características:
1. Estructura social cohesionada en donde, en el marco de la pluralidad cultural que como sociedad nos distingue, la cohesión sea el fruto de un abatimiento significativo de los niveles de pobreza y desigualdad prevalecientes, de una educación de calidad y del desarrollo de valores y actitudes proclives a la innovación técnica y cultural.
2. Economía de mercado dinámica y competitiva, capaz de alcanzar tasas elevadas y sostenidas de crecimiento a largo plazo. Ello implica una economía generadora de empleos y de oportunidades de desarrollo empresarial que le ofrezcan a la población una fuente digna y viable de ingreso; también implica un proceso amplio de modernización de la estructura productiva que, a través de los estímulos brindados por mercados auténticamente competidos, permita una articulación eficiente y competitiva de las cadenas productivas.
3. Orden político democrático y gobernable que garantice, por un lado, la capacidad del Estado para resolver conflictos dentro del marco institucional, así como, por otro lado, la construcción de acuerdos productivos a partir de reglas del juego que estimulen la cooperación. Requerimos un orden político donde el imperio de la ley sea fuente de certidumbre y donde la transparencia y la rendición de cuentas sean premisa de la eficiencia gubernamental. Aspiramos a la consolidación del cambio democrático y, en tal sentido, al paso de una democracia electoral a una democracia de ciudadanos capaces de exigir y de disfrutar con responsabilidad de derechos plenos.
4. Nación soberana en la globalidad, en el entendido de que, en el mundo globalizado, la soberanía no se puede sustentar ya en actitudes defensivas y en retóricas nacionalistas, sino en la competitividad de la economía, en la solidez de las instituciones democráticas, en la cohesión de la estructura social y en una visión clara y estratégica del papel que la nación debe desempeñar en el mundo.
El logro del éxito como nación no es opcional. Es una cuestión de viabilidad e, incluso, de sobrevivencia. Y aunque se puede sostener que México cuenta con recursos y tiene frente a sí una amplia gama de oportunidades, no es menos cierto que, hasta ahora, el avance del país ha estado lastrado por la incapacidad de los actores políticos para alcanzar acuerdos y por la incapacidad de los actores sociales y económicos para asumir los compromisos que conlleva su participación responsable en la vida pública. Necesitamos, desde luego, alcanzar acuerdos en torno al futuro que deseamos y a las vías para lograrlo, pero requerimos también de un profundo cambio de mentalidad que nos permita sacudirnos la arraigada imagen de víctimas y afirmar nuestra vocación de nación exitosa y, en paralelo, renovar la ética pública y desarrollar los valores y las actitudes propias de ciudadanos mayores de edad, dueños de su destino y protagonistas centrales de la construcción de su futuro.
Prioridades
Todos los ámbitos de la problemática nacional son importantes, pero no todos son prioritarios. Y en la medida que, desde el punto de vista del diseño de una estrategia no se puede conceder la misma jerarquía a todos los problemas, resulta vital definir prioridades. A este respecto, definimos lo prioritario en función de dos criterios básicos. En primer lugar, un problema será prioritario si su solución es condición de posibilidad para la solución de otros problemas (por ejemplo, cambios institucionales que faciliten el logro de los acuerdos necesarios para procesar legislativamente las llamadas reformas estructurales). En segundo lugar, si los cambios ocurridos como resultado de la atención brindada a un determinado problema detonan un proceso de transformación virtuosa en otros campos de la vida social (por ejemplo, los efectos en la productividad, en la cohesión social y en la cultura cívica derivados de mejoras sustantivas en el nivel educativo).
A la luz de este doble criterio, identificamos cinco campos problemáticos prioritarios:
1. La cohesión social amenazada por la ubicuidad de los fenómenos de la pobreza y la desigualdad.
2. El bajo rendimiento de un sistema educativo que no ofrece a la población un sustento sólido para potenciar su desarrollo humano.
3. El escaso dinamismo de una economía poco competida y poco competitiva, incapaz de ofrecer alternativas de empleo y de desarrollo empresarial a la población.
4. La ausencia de un Estado de derecho garante de la certidumbre jurídica y la seguridad física y patrimonial que la sociedad requiere para el desarrollo de sus actividades.
5. La poca capacidad de gobierno de un régimen democrático desprovisto de los recursos institucionales necesarios para procesar acuerdos.
Propuestas
Hay una aspiración ampliamente compartida por los distintos sectores de la sociedad mexicana: arribar a una modernidad entendida como el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población; una modernidad que nos permita vivir en paz, disfrutando de las libertades, la seguridad y la justicia a la que legítimamente tiene derecho todo mexicano.
Requerimos para ello una amplia gama de cambios en prácticamente todos los órdenes de nuestra vida económica, política y social. No obstante, es posible identificar un núcleo compacto de reformas legislativas y en las políticas públicas de evidente relevancia estratégica. Éstas son:
· La adopción de una activa política social orientada a garantizar una auténtica igualdad de oportunidades a través de la apertura de opciones productivas acordes con la racionalidad del cambio económico y tecnológico; el acceso pleno de la población a los activos cognoscitivos y de actitudes necesarios para articularse a las realidades del mundo de hoy; y la construcción de un piso básico de seguridad social sustentado en el acceso universal a servicios educativos, de salud y de jubilación de calidad.
· La revisión del modelo económico en el sentido de favorecer la transformación de una economía guiada por la lógica de la captura de rentas a una economía orientada a la generación de riqueza. Sobre esta base, remover los diferentes obstáculos que, en los sectores clave de la actividad productiva, impiden el despliegue del potencial competitivo del país y la obtención de tasas más elevadas de crecimiento y de creación de empleo.
· La construcción de un sistema político representativo y al servicio de la ciudadanía. En paralelo, el fortalecimiento del Estado en dos aspectos clave:
o La ampliación de sus capacidades fiscales a través de una reforma hacendaria integral (que involucre tributación, gasto, presupuestación y, en general, la simplificación de las reglas del juego fiscal).
o La puesta al día de las reglas fundamentales del sistema político con el fin de generar estímulos institucionales a la construcción de acuerdos.
Se trata de transformaciones estratégicas que atienden los retos prioritarios del desarrollo nacional. Con todo, estos cambios resultarán insuficientes si, en paralelo, no se produce una profunda renovación ética de nuestra vida pública.
La tarea es formidable y presupone, desde luego, avances significativos y verificables en terrenos como la transparencia, la rendición de cuentas y el abatimiento de la corrupción y la impunidad. Pero sobre todo presupone un enorme desafío cultural tanto para la clase política como para la propia ciudadanía. Mientras por un lado es imperativo dignificar la política, entendiéndola como la actividad que a través del diálogo racional y la construcción de acuerdos busca la realización del interés común; por otro lado, es indispensable el desarrollo de ciudadanos portadores de valores democráticos, plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones para con el bien general de la nación.
POBREZA Y DESIGUALDAD
Problemática
Por el tamaño de su territorio y de su población, México ocupa el undécimo lugar mundial. Por el tamaño de su economía y por el volumen de su comercio exterior, el país se ubica entre los primeros 15 lugares. Pertenece a la OCDE y, de acuerdo con el Banco Mundial, se encuentra entre las naciones con un nivel de ingresos medios altos; sus indicadores de calidad de vida se hallan por encima del promedio mundial. No obstante, alrededor de la mitad de la población percibe ingresos (monetarios y no monetarios) que están por debajo de la línea de la pobreza.
A través de su historia, el país ha sido incapaz de incluir a la mayor parte de sus habitantes en una dinámica clara de mejoramiento de sus condiciones de vida. La desigualdad ha sido una constante y, de hecho, México es una de las naciones más inequitativas del mundo.
Hay un problema de fondo: una lógica económica y política orientada a la captura de rentas y no a la generación de riqueza. También es crucial la falta de acceso de la población a los activos requeridos para articularse a los procesos de la modernización económica y técnico-científica, particularmente los activos cognoscitivos.
De cara al futuro, la relevancia del fenómeno de la exclusión queda de manifiesto a la luz de que mientras no tengamos la capacidad para incluir a la mayor parte de los mexicanos en la dinámica del desarrollo, no generaremos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que en materia de educación superior, de servicios de salud y de seguridad social planteará una población en franco proceso de envejecimiento.
Visión de futuro
En 2030, México tendrá una estructura social cohesionada en la que, sin menoscabo de su diversidad cultural, la convivencia pacífica y civilizada será la norma.
Para tal efecto, sin paternalismos y con la participación corresponsable de la propia sociedad, habremos de lograr:
· Erradicar la pobreza extrema y abatir a niveles inferiores al 15% del total de la población el fenómeno de la pobreza.
· Disminuir de manera drástica las desigualdades sociales y regionales.
México ofrecerá a sus habitantes una auténtica igualdad de oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de acceder a niveles más elevados de desarrollo humano.
Prioridades, propuestas y líneas de acción estratégica
La estrategia encaminada a reforzar la cohesión social, vía el abatimiento de los niveles de pobreza y una mejor distribución de los recursos productivos y la riqueza generada, debe atender cuatro prioridades básicas:
1. Desarrollo incluyente.
2. Igualdad de oportunidades.
3. Desarrollo de capital humano.
4. Desarrollo social-productivo.
La pieza clave de esta estrategia debe ser la articulación conceptual y operativa entre la política económica y la política social. Al poner el énfasis en el desarrollo del capital humano y en la generación de riqueza, la estrategia implica la superación de los enfoques paternalistas y exclusivamente asistenciales. Sin dejar de reconocer las responsabilidades del Estado en materia social, es la propia población la que debe erigirse en el principal artífice del mejoramiento de sus condiciones de vida.
LA COHESIÓN SOCIAL
Prioridades.- Desarrollo incluyente
Objetivos.- Crear las condiciones idóneas para que los sectores mayoritarios de la población queden incluidos, vía empleo productivo y/o alternativas propias de generación de riqueza, en los beneficios del desarrollo económico.
Líneas de acción estratégica.- Realizar reformas en materia laboral dirigidas a ampliar el abanico de posibilidades de contratación, a favorecer la capacitación continua de los trabajadores y a garantizar salarios bien remunerados.
Instrumentar un programa encaminado a la creación de empresas formales y viables, así como a la formación de emprendedores. Las piezas clave de este programa deben ser el financiamiento competitivo y oportuno, la desregulación, la capacitación de los emprendedores y la inclusión de estas actividades en los sistemas de seguridad social.
Prioridades.-Igualdad de oportunidades
Objetivos.- Garantizar el acceso universal (no restringido a los trabajadores asalariados del sector formal) y sostenible de la población a servicios de salud, nutrición, educación y seguridad social de calidad.
Líneas de acción estratégica.- Establecer un impuesto general al consumo, etiquetado a favor del financiamiento de un sistema universal de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud, medicina preventiva, nutrición y pensiones. De manera complementaria, diseñar un mecanismo de transferencias en efectivo a favor de los sectores en situación de pobreza extrema con base en el padrón de Oportunidades.
Universalizar las pensiones mínimas a las que todos los trabajadores deben tener derecho, homologar sus criterios y establecer su portabilidad bajo un esquema sostenible actuarialmente en el largo plazo.
Prioridades.- Desarrollo de capital humano
Objetivos.- Favorecer la apropiación por parte de la población de los activos que le permitan acceder a fuentes ingreso estables y suficientes.
Líneas de acción estratégicas.- Colocar al desarrollo del capital humano como el eje transversal de las estrategias encaminadas a igualar las oportunidades, redistribuir el ingreso e impulsar el crecimiento sostenido del país, así como el desarrollo integral de las personas y el bienestar familiar.
Orientar los programas educativos (formales e informales) al desarrollo de aquellos activos que permitan a la población acceder, vía empleo productivo y/o desarrollo empresarial, a las actividades con mayor potencial de futuro y, por tanto, a fuentes estables y suficientes de ingreso.
Formar mexicanos con una visión universal y con un potencial que les permita conciliar su autorrealización con el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas para insertarse en la sociedad del conocimiento que define esta nueva civilización.
Prioridades.- Desarrollo social productivo
Objetivos.- Favorecer alternativas de desarrollo regional participativo, sustentable en lo ambiental, económicamente viables y en beneficio de los grupos sociales hoy en día excluidos.
Líneas de acción estratégicas.- Establecer una hoja de ruta, con metas y plazos verificables, para la sustitución paulatina de los programas de corte asistencial por programas orientados al despliegue de las capacidades productivas y la inventiva de la población en situación de pobreza.
Impulsar procesos de desarrollo regional, sin intermediarios, libres del control caciquil y corporativo, que faciliten las alianzas entre los sectores en situación de pobreza, el capital privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Fortalecer la planeación estratégica regional para que conjunte las visiones de los diferentes actores, su participación y su compromiso, con el objetivo de fortalecer la infraestructura productiva y definir proyectos productivos con alto impacto económico y social.
EDUCACIÓN
Problemática
En el marco de la nueva economía del conocimiento, la educación de calidad es la pieza clave de la inclusión y de la cohesión social. Hay profundas desigualdades en materia de acceso a los servicios educativos, y estas diferencias contribuyen de manera directa a exacerbar la problemática social. Actúan, en realidad, como un elemento reforzador del círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad.
Asimismo, la prueba Enlace da cuenta de las enormes deficiencias de la educación básica, al tiempo que PISA refleja alarmantes déficit en el terreno de las matemáticas y el manejo del lenguaje, es decir, en el campo de las dos habilidades cruciales para el desarrollo del pensamiento lógico, el manejo de conceptos y la solución de problemas complejos. El sistema educativo no está produciendo ciudadanos portadores de valores democráticos ni profesionales con las capacidades necesarias para insertarse con éxito en una realidad económica dominada por la innovación continua y por la expansión de actividades intensivas en el uso de conocimientos.
En esencia, el problema educativo es de índole cualitativa y tiene sobre todo que ver con contenidos y con criterios, es decir, con la falta de adecuación de los programas y los enfoques educativos a las necesidades del mundo contemporáneo. Son también centrales los temas de la calidad, la evaluación y la adopción de criterios meritocráticos para la contratación y la promoción. Sin embargo, la educación está capturada por una racionalidad política que subordina el logro de la excelencia a los intereses gremiales y al mantenimiento de privilegios y cotos de poder.
Visión de futuro
En 2030, México contará con un sistema educativo de calidad que haga las veces de fundamento del desarrollo humano, de la cohesión social, de la vida democrática y de una economía competitiva e innovadora.
México tendrá un sistema educativo comprometido con la formación integral de la persona, que atienda por igual el objetivo de la provisión de herramientas cognoscitivas adecuadas al mundo de hoy y el de la transmisión y apropiación de valores.
Los fundamentos de dicho sistema educativo serán:
· Un mecanismo permanente de profesionalización docente y de evaluación autónoma de docentes y estudiantes con la correspondiente adopción de criterios meritocráticos.
· La participación corresponsable de la sociedad, desde los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil hasta un sindicato magisterial democrático y comprometido con la causa de la calidad educativa.
Prioridades, propuestas y líneas de acción estratégica
El logro de un sistema educativo de calidad presupone la adopción de una estrategia integral que atienda cuatro prioridades básicas:
1. Desarrollo integral de la persona.
2. Métodos y contenidos educativos para el mundo de hoy
3. Evaluación y profesionalización.
4. Participación social.
La construcción de un sistema educativo de excelencia debe ser entendida como un imperativo del bienestar material y de la dignificación de las personas, al tiempo que debe igualmente responder a las exigencias de un mundo en constante cambio. De ahí la naturaleza necesariamente integral de una estrategia orientada a formar personas, trabajadores y ciudadanos.
CALIDAD EDUCATIVA
Prioridades.- Desarrollo integral de la persona
Objetivos.- Promover la formación en valores éticos y cívicos, así como la adopción de actitudes congruentes con el desarrollo global y con la cohesión social.
Líneas de acción estratégica.- Reforzar la formación en valores como un elemento clave de los programas educativos, en particular los valores y las actitudes requeridas para acceder a una cultura orientada hacia el éxito (responsabilidad, productividad, autoformación).
Reforzar el desarrollo de la cultura cívica y el sentido de responsabilidad social, con especial énfasis en temas como respeto al orden legal, derechos humanos, conocimiento y práctica de la democracia y cuidado del medio ambiente.
Fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural, social, lingüística y étnica en el sistema educativo mexicano y trascender el carácter restringido de la educación para los indígenas y, en general, para los grupos en situación de vulnerabilidad.
Prioridades.- Educación para la vida: contenidos y métodos educativos para el mundo de hoy
Objetivos.- Impulsar una educación que permita a la población hacerse de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para una inserción exitosa en el mundo contemporáneo.
Líneas de acción estratégica.- Priorizar las materias que lleven a la adquisición de habilidades cognitivas como análisis, síntesis, asociación, comprensión y reflexión en nivel básico, medio y superior, con el objetivo de formar un pensamiento crítico fomentando así, la adquisición de hábitos de estudio y competencias para la investigación.
Desarrollar en los centros educativos, así como en los docentes y los alumnos, una cultura digital, donde la tecnología educativa sea un recurso didáctico primordial que perfeccione el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Reforzar la educación para el trabajo como parte de la formación integral en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo. En paralelo, los contenidos educativos deben contextualizarse en función de las necesidades de cada región del país.
Prioridades.- Evaluación y profesionalización
Objetivos.- Consolidar la práctica sistemática de la profesionalización docente y de la evaluación y establecer un sistema de promoción y rendición de cuenta, basado en el criterio del mérito
Líneas de acción estratégica.- Realizar reformas orientadas a dar fuerza legal a los compromisos de la Alianza para la Calidad Educativa, sobre todo en lo referente al establecimiento de un sistema autónomo de monitoreo del desempeño de profesores y alumnos.
Impulsar la formación y capacitación permanente de los maestros y garantizar una evaluación cuantitativa y cualitativa periódica de la calidad de la educación. Hacer públicos los resultados de dichas evaluaciones con el fin de propiciar un proceso de mejora continua de las escuelas.
Adecuar los contenidos de los programas de capacitación a las necesidades educativas del contexto y de los educandos, aumentando la eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos.
Prioridades.- Participación social
Objetivos.- Fomentar la acción corresponsable de los maestros, el sindicato, los estudiantes, los padres de familia, las autoridades, la sociedad civil y los sectores social y productivo interesados en el tema educativo.
Líneas de acción estratégica.- Cumplir a cabalidad los mandatos de la Ley General de Educación y dar carácter vinculante al Acuerdo para la Calidad Educativa en lo relativo a la participación activa de los padres de familia en los Consejos Escolares municipales, estatales y nacionales para que así puedan incidir en la formación de sus hijos y en la evaluación de los resultados del sistema educativo.
Crear un espacio de diálogo permanente entre los sectores de la sociedad para definir con precisión los valores, objetivos y fines del sistema educativo nacional.
Democratizar al SNTE, fomentar la transparencia y erradicar la corrupción y el imperio de los intereses políticos.
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Problemática
El empleo y la competitividad representan las dos caras principales de la problemática económica del país, toda vez que el empleo se relaciona con la capacidad de la economía para incorporar a la población a los beneficios del crecimiento, en tanto que la competitividad se refiere a la capacidad de la economía para atraer inversión y, por ende, para sostener un determinado ritmo de crecimiento del producto.
La economía mexicana ha mostrado graves deficiencias en materia de creación de fuentes de empleo y autoempleo productivas y bien remuneradas. En la medida en que el ritmo de crecimiento del producto ha sido mediocre, la creación de puestos de trabajo en el sector formal también ha sido pobre. Esta situación se refleja en la evolución de la población en situación de desocupación abierta, así como en la de la población subocupada.
La problemática del trabajo apunta con nitidez a la de la falta de capacidad de la economía para sostener un ritmo elevado de crecimiento. Más aún, en el contexto de la nueva economía del conocimiento, la cuestión del empleo y el autoempleo no puede disociarse de los temas cruciales de la productividad y de la competitividad. Es ahí donde, en esencia, radican las causas estructurales de la incapacidad de generación de empleos productivos y bien remunerados.
La competitividad, por su parte, es un fenómeno integral, que involucra a la economía en su conjunto. En él converge la eficiencia de las actividades productivas, pero de igual manera está determinado por una amplia gama de factores relativos al entorno social, macroeconómico e institucional en que se inscribe la actividad productiva. México adolece de enormes rezagos en casi todas las dimensiones de la competitividad.
Visión de futuro
En 2030, después de dos décadas de estabilidad y de tasas de crecimiento sostenido de 7%, México tendrá una economía capaz incluir a la población en los beneficios de la modernización a través de la creación de empresas productivas y, por ende, de fuentes de empleo y autoempleo bien remuneradas. Ello será posible gracias a que:
· Los mercados competidos generarán incentivos para la creación de riqueza y para la elevación sostenida de la productividad, así como para la asimilación, la difusión y la generación de innovaciones.
· La economía mexicana, al contar con los argumentos competitivos necesarios para articularse con éxito a la dinámica global, permitirá al país convertirse en un actor protagónico capaz de incidir en la marcha del mundo.
Prioridades propuestas y líneas de acción estratégica
De cara al enorme reto de crecer de manera sostenida a niveles que están muy por encima de nuestro desempeño histórico (7% anual durante al menos dos décadas), debe adoptarse una estrategia sustentada en la atención de cuatro prioridades:
1. Organización de los mercados y competencia
2. Crecimiento y empleo
3. Mercado laboral
4. Productividad y competitividad
El factor crucial de una estrategia cuyo fin último sea favorecer el acceso de la población a niveles de bienestar material dignos se ubica en la superación de una racionalidad económica orientada a la captura de rentas (ganancias monopólicas y privilegios corporativos) y sustituirla por una racionalidad dirigida a la creación de riqueza y a la innovación. Sólo de esta manera será posible desatar el enorme potencial de la sociedad para generar, mediante su trabajo, su propio bienestar.
ECONOMÍA INCLUYENTE Y GENERADORA DE RIQUEZA
Prioridades.- Organización de los mercados y competencia
Objetivos.- Impulsar la competencia e imponer límites a la concentración monopólica y a las prácticas dirigidas a la captura de rentas.
Líneas de acción estratégica.- Realizar reformas que doten de mayor fuerza y de instrumentos más efectivos a la Comisión Federal de Competencia. La regulación de las empresas dominantes no debe inhibir la innovación.
Mantener la orientación comercial abierta de la economía mexicana y, en paralelo, instrumentar programas orientados, por un lado, a brindar apoyo financiero y logístico para que las empresas mexicanas aprovechen las ventajas de los acuerdos comerciales signados por el país; y por otro lado, a reforzar las capacidades técnicas y legales del gobierno mexicano para defender los legítimos intereses del sector productivo nacional en su relación con el exterior.
Prioridades.- Crecimiento y empleo
Objetivos.- Crear condiciones idóneas para la inversión productiva y para la creación de empleos formales, tanto en empresas grandes como en empresas micro, pequeñas y medianas
Líneas de acción estratégica.- Crear un clima favorable a la inversión privada, alentar la responsabilidad social empresarial y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Adoptar un programa de fomento sectorial que, después de identificar áreas con potencial de futuro, se encamine a detonar procesos amplios de cambio estructural que, a su vez, abran nuevos campos de inversión y promuevan la emergencia de nuevas tecnologías, nuevas industrias y nuevos mercados.
Adoptar un programa de apoyo a la reconversión productiva que conceda apoyos temporales a aquellas empresas que cumplan la condición de estar comprometidas con la modernización tecnológica, la capacitación laboral y la sustentabilidad ambiental
Prioridades.- Mercado laboral
Objetivos.- Favorecer la multiplicación de oportunidades de ocupación digna y productiva favoreciendo la contratación, la capacitación, la creatividad y la productividad como base para mejorar tanto la condición financiera de las empresas y la remuneración de los trabajadores.
Líneas de acción estratégica.- Realizar reformas en materia laboral orientadas a diversificar las posibilidades de contratación, a elevar la productividad y a favorecer la democracia y la rendición de cuentas en las organizaciones sindicales.
Negociar un nuevo esquema de relaciones laborales, libre de paternalismos y de mecanismos de control corporativo, que favorezca la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores con la calidad y la flexibilización técnica de las labores y el establecimiento de sistemas claros de recompensa que, además de contribuir al mejoramiento sostenido de las remuneraciones y condiciones de vida de los trabajadores, estimulen la inventiva y la eficiencia.
Despolitizar la administración de la justicia laboral ubicando las funciones jurisdiccionales que actualmente dependen del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial
Prioridades.- Productividad y competitividad
Objetivos.- Impulsar la innovación científica y tecnológica y la creación de un entorno institucional, económico y de infraestructura idóneo para la elevación de la capacidad competitiva de la economía.
Líneas de acción estratégica.- Desarrollar una oferta de servicios de información, asesoría y gestión de los procesos de innovación, transferencia y aplicación de nuevas tecnologías que sea accesibles a las empresas de menor tamaño.
Asegurar que los insumos, bienes y servicios con un efecto determinante sobre la eficiencia, la calidad y la competitividad del aparato productivo estén disponibles permanentemente en las cantidades necesarias y en condiciones competitivas.
Instrumentar una ambiciosa estrategia de inversión en infraestructura, abierta a la participación del capital privado y liberada de lastres normativos.
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD
Problemática
El Estado de derecho es fundamento incuestionable de todo orden social civilizado, sometido al imperio de normas claras y universales que ofrezcan referentes y reglas ciertas y confiables para el desempeño de las actividades de los distintos actores económicos y sociales. No es posible concebir un orden auténticamente democrático en ausencia del imperio de la ley.
No obstante, a lo largo de nuestra historia, el Estado de derecho ha sido más la excepción que la regla. Una constante ha sido la aplicación sesgada y aun facciosa de la ley. Para un nutrido número de mexicanos, la diferencia entre legalidad y justicia es abismal y, con base en esta percepción, la idea de respeto irrestricto a la ley no es lo suficientemente valorada; se toleran las excepciones y, en general, priva la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia.
Las asignaturas pendientes en materia de Estado de derecho son enormes e involucran fenómenos tan diversos como los derechos humanos, la ubicuidad del fenómeno de la corrupción y, en especial, el alto nivel de impunidad imperante.
El avance de la conducta criminal representa una seria amenaza a la estabilidad social. Es un desafío no sólo en términos de seguridad pública, sino también de seguridad nacional. Se requieren más recursos presupuestales, humanos y tecnológicos. Pero sobre todo se requieren reformas de fondo y la voluntad política para erradicar la corrupción y abatir los índices de impunidad.
Visión de futuro
En 2030, México será un país de leyes, donde las normas jurídicas serán acatadas y aceptadas por todos y donde, por tanto, funcionarán como un referente claro de la convivencia social.
El Estado de derecho será una realidad toda vez que:
· No existirá divorcio entre la realidad social y la norma jurídica.
· Los derechos humanos serán plenamente respetados y se convertirán en el criterio fundamental de la legitimidad del Estado.
· La corrupción como fenómeno sistémico será erradicada, gracias a la práctica generalizada de la transparencia y la rendición de cuentas.
Sobre esta base, el Estado estará en condiciones de cumplir con su tarea primordial de garantizar a la población la seguridad física y patrimonial indispensable para el despliegue de sus actividades.
Prioridades, propuestas y líneas de acción estratégica
Las prioridades que debe atender una estrategia encaminada a hacer del Estado de derecho una realidad efectiva y una fuente de certidumbre de la acción social son:
1. Estado de derecho y certidumbre
2. Derechos humanos
3. Reforma del Poder Judicial
4. Abatimiento de la impunidad
El eje estratégico que debe dar coherencia a las diferentes medidas encaminadas a hacer valer la ley, a salvaguardar los derechos fundamentales, a mejorar el desempeño del sistema de justicia y a abatir la corrupción y la impunidad es el rescate de la ética pública.
IMPERIO DE LA LEY Y SEGURIDAD
Prioridades.- Estado de derecho y certidumbre
Objetivos.- Garantizar el respeto irrestricto al orden jurídico y constitucional por parte de todos los ciudadanos, los actores políticos y los sujetos colectivos, de tal suerte que ninguna fuerza ni actor social o político esté por encima o al margen de la ley.
Líneas de acción estratégica.- Fomentar la cultura de la legalidad, tanto a través de la educación formal como a través de los mensajes difundidos por los medios de comunicación masiva.
Respetar los derechos de la propiedad, los contratos y la garantía de la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y, en paralelo, tipificar expresamente como delito en la Ley Sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos la falta de ejecución de las sentencias judiciales.
Aprobar en la Cámara de Diputados las reformas aprobadas por el Senado en materia de amparo, con especial énfasis en la derogación de aquellas disposiciones sobre cuya inconstitucionalidad se haya establecido jurisprudencia.
Prioridades.- Derechos humanos
Objetivos.- Reconocer en la ley y en la práctica la superior jerarquía de los derechos humanos frente a cualquier otro bien jurídico o consideración política, económica o sociocultural.
Líneas de acción estratégica.- Culminar el proceso legislativo iniciado en el Senado y dirigido a incorporar en el texto constitucional el reconocimiento explícito de los derechos fundamentales por parte del Estado y su compromiso con su salvaguarda, así como el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a los mismos cuando confieran mayor protección a las personas que la Constitución.
Ampliar las facultades de las comisiones de derechos humanos para hacer valer sus recomendaciones y, adicionalmente, introducir en la ley mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan hacer exigible el respeto de sus derechos humanos.
Colocar el interés de la víctima en el centro y poner especial énfasis en la reparación del daño.
Prioridades.- Reforma del Poder Judicial
Objetivos.- Construir un sistema de justicia moderno, eficiente y al servicio de la ciudadanía
Líneas de acción estratégica.- Dar autonomía a las procuradurías y a los ministerios públicos respecto del Poder Ejecutivo y, en paralelo, crear ministerios públicos especializados y una policía ministerial investigadora profesional y bien pagada.
Reubicar en el Poder Judicial los diversos tribunales (laborales, agrarios, fiscales, etc.) que todavía forman parte del Ejecutivo
Reconocer el pluralismo jurídico, a través de mecanismos de compatibilización y armonización de los sistemas jurídicos existentes, siempre bajo la premisa de la preeminencia de la norma constitucional.
Prioridades.- Abatimiento de la impunidad
Objetivos.- Renovar los fundamentos éticos del orden social mediante la reducción a su mínima expresión los índices de impunidad
Líneas de acción estratégica.- Erradicar la corrupción de las autoridades, ministros, jueces, ministerios públicos y policías y, sobre dicha base, profesionalizar y modernizar de manera integral los sistemas de seguridad pública y judicial, así como favorecer la coordinación de la acción policial.
Blindar el derecho al acceso a la información pública y desarrollar sistemas profesionales de monitoreo ciudadano, que impongan costos políticos al incumplimiento de las autoridades.
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Problemática
La realidad política del país ha experimentado cambios notables. El principal resultado de estas transformaciones es la emergencia de un nuevo modelo de gobernabilidad. Las viejas reglas de la gobernabilidad autoritaria han dejado de operar. El Presidente ya no es el centro todopoderoso de la vida nacional. Ahora, para efectos de gobernabilidad, debe alcanzar acuerdos y favorecer la coordinación de esfuerzos y recursos de los otros actores políticos y de los actores económicos y sociales.
La mayor competencia ha dado lugar a un esquema de representación más acorde con la pluralidad política, económica y sociocultural del país. En tal sentido, la legitimidad de la representación se ha reforzado. No obstante, la nueva dinámica electoral también ha dado lugar a la emergencia del fenómeno de los gobiernos divididos. En tanto este fenómeno ocurre en el marco de un sistema político cuyas reglas básicas no han sido modificadas, el resultado ha sido la virtual imposibilidad de alcanzar acuerdos en torno a los temas más complejos y de mayor trascendencia para el desarrollo del país. No hay estímulos para la cooperación entre las distintas fuerzas políticas ni para construir coaliciones legislativas y de gobierno garantes de una mayoría estable que abone a la causa de la gobernabilidad.
Sin embargo, más allá de las dificultades para procesar acuerdos, lo cierto es que, desde la perspectiva de su capacidad directiva y operativa, el sistema político arroja resultados muy pobres. Y una democracia que no ha sido capaz de acreditar su capacidad de gobierno, es decir, su capacidad para mantener la estabilidad política y social y para dar respuesta a la principales demandas de la población, es una democracia que corre riesgos de involución autoritaria, particularmente en un contexto donde todavía están vigentes muchos de los valores de la vieja cultura política autoritaria.
Visión de futuro
En 2030, México contará con una democracia vigorosa y funcional, sustentada en una ciudadanía mayoritariamente portadora de los valores de la cultura democrática.
La capacidad de gobierno del régimen democrático estará sustentada en un marco institucional renovado, así como en la ampliación de las capacidades operativas y directivas del gobierno. El régimen democrático, por tanto, tendrá la capacidad para:
· Procesar acuerdos y generar consensos amplios en torno a los objetivos del desarrollo nacional.
· Procesar con apego a la ley y a los valores democráticos los conflictos inherentes a la vida social.
Sobre la base de una democracia representativa consolidada y funcional, se habrá completado el tránsito hacia una democracia participativa, en la que los ciudadanos serán el centro y el motor de la vida pública.
Prioridades, propuestas y líneas de acción estratégica
La consolidación del cambio democrático transita por el reforzamiento de la capacidad de gobierno y por el desarrollo de una ciudadanía portadora de valores democráticos. Y, para tal efecto, deben atenderse las siguientes prioridades:
1. Arquitectura institucional
2. Desmantelamiento de las bases del régimen autoritario
3. Fortalecimiento del Estado
4. Participación ciudadana.
La estrategia encaminada a consolidar un régimen democrático gobernable y funcional debe dirigirse a la ampliación de la capacidad del sistema político para resolver conflictos, para responder a las demandas de la sociedad y para ponerse al servicio de la ciudadanía.
CAPACIDAD DE GOBIERNO
Prioridades.- Arquitectura institucional
Objetivos.- Poner al día las reglas del sistema político con el fin de favorecer la construcción de mayorías estables y legitimadas y la relación fluida y productiva entre los poderes del Estado y los órdenes de gobierno
Líneas de acción estratégica.- Reconocer constitucionalmente la integración de coaliciones legislativas y de gobierno que doten del apoyo de una mayoría estable a una agenda legislativa y a un programa de gobierno previamente pactados por las fuerzas coaligadas. Toda coalición electoral deberá ser coalición legislativa y/o de gobierno.
Realizar una profunda reforma en las reglas de operación del Congreso, con especial énfasis en la reducción del número de diputados plurinominales, la eliminación de los senadores de representación proporcional y la reelección consecutiva, mas no ilimitada, de legisladores con el fin de favorecer la rendición de cuentas, la profesionalización y la continuidad de los trabajos legislativos.
Reglamentar el derecho de veto parcial del Jefe del Ejecutivo y, en paralelo, establecer el mecanismo de iniciativa preferente.
Prioridades.- Desmantelamiento de las bases del régimen autoritario.
Objetivos.- Garantizar el sometimiento de los poderes fácticos al imperio de la ley y alinear sus intereses a los objetivos del desarrollo nacional.
Líneas de acción estratégica.- Revisar los esquemas de subsidios y los regímenes tributarios especiales que disfrutan determinados sectores y promover en el campo laboral reformas que favorezcan la democracia sindical y la rendición de cuentas
Legislar en los terrenos de la calidad educativa, la industria energética, los medios de comunicación y la promoción de la competencia.
Prioridades.- Fortalecimiento del Estado
Objetivos.- Reforzar las capacidades rectoras, legales, regulatorias, fiscales y administrativas de la autoridad Realizar reformas que favorezcan los presupuestos multianuales y la adopción de políticas de Estado transexenales.
Líneas de acción estratégica.- Realizar una reforma hacendaria integral.
Renovar el federalismo mediante la ampliación de las facultades y las responsabilidades políticas, legales, administrativas y fiscales de los estados y municipios, así como a través de la reelección consecutiva de las autoridades municipales y la inclusión de la participación ciudadana en la formulación de estrategias de desarrollo regional
Prioridades.- Participación ciudadana
Objetivos.- Promover la acción ciudadana y el paso de una democracia electoral a una democracia participativa con el fin de sobreponer los intereses de los ciudadanos a los de los grupos de interés y a los de los partidos políticos.
Líneas de acción colectiva.- Desarrollar sistemas eficaces de monitoreo y evaluación de los actos de los diferentes poderes del Estado y de los distintos órdenes de gobierno por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil.
Reconocer los diferentes mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referendo y la iniciativa ciudadana como vías efectivas de la participación ciudadana activa y responsable. Como complemento, permitir las candidaturas ciudadanas a cargos de elección popular (sobre todo el Congreso y las presidencias municipales) para romper el monopolio político de los partidos.
Institucionalizar un mecanismo de diálogo, consulta y participación ciudadana para el diseño de las políticas económica y social de Estado, y para garantizar la vigencia de las mismas en horizontes de largo plazo.
